Tetuán, algo que quizá desconozcan quienes hoy admiran el franquismo

Los pilares de la sociedad, George Grosz

I La presencia de España en territorio magrebí se remonta a la consolidación del Estado tras la Reconquista. La toma de Melilla (1497) y la incorporación de Ceuta (1640) iniciaron una presencia de carácter defensivo mediante puntos que funcionaron como presidios y bastiones de vigilancia, sin pretensión de expansión territorial hacia el interior durante este periodo. Sin embargo, la Guerra de África (1859-1860) supuso el inicio de una estrategia de expansión colonial. Bajo la dirección del general O'Donnell, la contienda se desencadenó formalmente por disputas fronterizas en el campo exterior de Ceuta. El Tratado de Wad-Ras (1860) institucionalizó las consecuencias de la derrota marroquí: nuevos límites jurisdiccionales para Ceuta y Melilla; imposición de una indemnización que subordinó la economía marroquí a los intereses financieros europeos y el reconocimiento del derecho español sobre Sidi Ifni. 

 Durante el siglo XIX, Marruecos no era un espacio anárquico, sino un Estado teocrático y soberano reconocido internacionalmente. No obstante, su estructura política presentaba una dualidad administrativa que condicionó su vulnerabilidad. Por un lado, el aparato burocrático-militar centralizado representaba el orden institucional que ejercía el control efectivo sobre las áreas urbanas y las llanuras costeras. Por otro, territorios, principalmente montañosos (Rif y Atlas) donde la autoridad del Sultán era reconocida en el ámbito espiritual, pero disputada o inexistente en lo administrativo y fiscal. La incapacidad del Estado marroquí para modernizar sus estructuras y hacer frente a la deuda externa contraída tras los conflictos con España y Francia condujo a la pérdida de su autonomía. La Conferencia de Algeciras (1906) internacionalizó la "cuestión marroquí", estableciendo un régimen de tutela bajo el pretexto de garantizar el orden y las reformas económicas. El Tratado de Fez (1912) supuso la capitulación definitiva de la soberanía marroquí, dividiendo el territorio en dos zonas de influencia: un protectorado francés predominante y un protectorado español en el norte y sur, cuya función principal para las potencias era actuar como zona de amortiguamiento estratégica. Tras la Segunda Revolución Industrial, las economías europeas sufrieron una crisis de superproducción y una caída de rentabilidad. África se convirtió en la solución a tres de los problemas que sufrieron las economías europeas durante la Segunda Revolución Industrial: materias primas; nuevos mercados y exportación de capitales. A ello se unieron circunstancias geopolíticas. El ascenso de Alemania tras su unificación en 1871 alteró el mapa europeo y Francia buscaba recuperar el prestigio perdido tras la guerra franco-prusiana. Para legitimar la explotación, las potencias recurrieron a construcciones ideológicas como el darwinismo social: Europa tenía el deber moral de llevar el progreso, el cristianismo y el comercio a pueblos considerados bárbaros.  

II Después de la crisis de 1898 casi nadie en España era partidario de que el maltrecho ejército español emprendiera nuevas aventuras militares, pero todo partir de 1906.(Conferencia de Algeciras). La debilidad de España no suponía ninguna amenaza para Francia e Inglaterra, por lo que ambas potencias coloniales acordaron la presencia del ejército y de empresas mineras españolas en la zona del Rif. De este modo, por un lado, se evitaba el avance de Alemania en el continente africano. Por otro, Inglaterra alejaba la amenaza que suponía para Gibraltar la expansión que estaba llevando a cabo Francia en el norte de África con la excusa de proteger Argelia de las tribus marroquíes no controladas por el estado marroquí. El reclutamiento masivo de jóvenes sin experiencia militar y la accidentada ortografía del Rif apuntaban a un nuevo desastre del obsoleto e incompetente sistema político-militar español, en esta ocasión ante numerosas cábilas frente a las que los manuales de la guerra convencional eran inútiles. La presencia militar española en Marruecos había sido promovida por políticos como Sagasta, Romanones, Maura y Canalejas a fin de garantizar la seguridad de las ciudades de Ceuta y Melilla. En 1906, la misión también fue recibida con entusiasmo por parte de Alfonso XIII y los jefes militares que vieron en ella una oportunidad para recuperar su prestigio; sin embargo, el llamado Desastre de Annual volvió a evidenciar sus carencias.

El Golpe de estado llevado a cabo por el general Primo de Rivera en 1923 con el consentimiento de Alfonso XII y la definitiva rendición de Abd el-Krim en 1926 elevaron la moral del ejército y le predispuso a recuperar su tradicional intromisión en asuntos políticos. El golpe fue una versión casera de la Marcha sobre Roma encabezada por Mussolini a la que el rey italiano Víctor Manuel III había dado cobertura legal. El primero en intentar emular al dictador italiano fue Francisco Aguilera, general al que sus compañeros apodaron “Mulolini”. Primo de Rivera aprendió de la falta de tacto de Aguilera y se apoyó en dos estructuras. Por un lado, organizó los elementos no carlistas contrarios a la democracia en torno a la Unión Patriótica, partido “apolítico” que acababa de fundar junto a José María Pemán y Ángel Herrera Oria para convertirla en partido único. Por otro, extendió el somatén a toda España para equipararlo a los camisas negras italianos. Así era como se trataba de regenerar el país solucionando los viejos problemas económicos y políticos mediante recetas desfasadas que ni aportaban nada nuevo ni abordaban la tradicional falta de justicia social.

III La estructura administrativa del Protectorado español en Marruecos, con capital en Tetuán, se configuró en la práctica como un virreinato autónomo respecto al poder central de Madrid. Tras el golpe militar de 1936, el Protectorado se convirtió en el cuartel general y laboratorio político del bando sublevado: un centro de poder donde la corrupción no era un fallo del sistema, sino un elemento estructural para el mantenimiento de la jerarquía social y política. Los militares africanistas, liderados inicialmente por figuras como Yagüe y el propio Franco tras su llegada de Canarias, eliminaron cualquier contrapoder e impusieron la arbitrariedad. La represión contra los leales a la República fue inmediata y sistemática. Por un lado, la destitución y posterior ejecución en Tetuán del Alto Comisario Arturo Álvarez-Buylla puso fin al control civil sobre el Protectorado. Por otro, el General Manuel Romerales Quintero,  Jefe de la Circunscripción Oriental, con sede en Melilla fue arrestado en su despacho el 17 de julio por sus subordinados y posteriormente fusilado.  Ambos hechos permitieron a los africanistas tomar el control de la caja de caudales y los recursos de Melilla sin supervisión de las legítimas autoridades civiles y militares. Los contactos con potencias extranjeras y empresarios afines normalizaron los desvíos de fondos y recursos si ningún tipo de auditoría y la figura del Alto Comisario asumió prerrogativas que trascendían sus competencias oficiales hasta su mutación en Caudillo. 

El poder del Protectorado se apoyaba en el sector de los militares africanistas, un grupo de presión con una mentalidad corporativa forjada en el combate constante para el que las normas civiles o éticas carecían de valor. El ambiente corrompido de misticismo militar, nacionalcatolicismo y desprecio por el parlamentarismo que se gestó en las calles de Tetuán fue el que se acabó imponiendo en España a medida que avanzaba el levantamiento. Mientras España atravesaba una situación económica complicada tras la Primera Guerra Mundial, Tetuán se percibía como una tierra virgen llena de posibilidades. La llegada de militares y funcionarios creó una demanda masiva de panaderías, talleres, tiendas de ropa y locales de ocio. Muchos españoles de clase media-baja de Andalucía y el Levante vieron en Tetuán la oportunidad de abrir negocios que en España eran inviables por la competencia o la falta de capital. El crecimiento del barrio moderno español generó muchos puestos de trabajo para albañiles, arquitectos y carpinteros. A principios de la década, la zona era inestable debido a la Guerra del Rif, pero tras el Desembarco de Alhucemas en 1925 y el fin del conflicto en 1927, la seguridad aumentó drásticamente. Esto animó a muchas familias que antes temían ir a una zona de guerra a cruzar el Estrecho en busca de una vida estable. Como capital del Protectorado, Tetuán albergaba la Alta Comisaría de España. Esto atrajo a miles de funcionarios, maestros, médicos y policías acompañados de sus familias y, a su vez, una corte de sirvientes y empleados, casi todos de origen español. En regiones como Málaga o Almería, la vida en el campo era extremadamente dura y estaba marcada por el caciquismo. Marruecos ofrecía sueldos más altos y una sensación de ascenso social: en Tetuán, un obrero español a menudo era visto con un estatus superior al de la población local, lo cual era un incentivo psicológico. A diferencia de lo que ocurrió en la Argelia francesa, donde hubo una guerra de independencia traumática y una ruptura total, el fin del Protectorado español en 1956 fue un proceso marcado por la diplomacia y el pragmatismo de las élites. A diferencia del éxodo masivo de los pieds-noirs en Argelia, muchos españoles se quedaron en Tetuán y otras ciudades durante años después de la independencia. Las élites de ambos países pactaron la protección de ciertas inversiones españolas, especialmente en minería y agricultura, a cambio de asistencia técnica y reconocimiento diplomático, estrategia a la que no fue ajena un entramado de redes de estraperlo y clientelismo que operaban como auténticas mafias que no solo luchaban contra la ley, sino entre ellas. En su interior había facciones que controlaban el flujo de bienes básicos (azúcar, aceite, café) y otras que se especializaban en productos de lujo o piezas industriales que escaseaban en la península. Muchos exmilitares o civiles vinculados al ejército que decidieron no regresar a España en 1956 se reciclaron en negocios de dudosa legalidad. Pero el gran pastel económico eran las minas, entre ellas las de la Compañía Española de Minas del Rif. Tras la independencia, el control de las concesiones mineras y el transporte de mineral generó choques entre las élites extractivas españolas (que querían mantener sus derechos) y nuevos grupos de poder marroquíes que buscaban nacionalizar o desviar esos beneficios. Aprovechando su conocimiento del terreno y sus contactos en ambos lados de la frontera, crearon redes de tráfico de divisas y contrabando.este "orden mafioso" o de acuerdos bajo cuerda entre élites corruptas de ambos bandos fue, irónicamente, lo que mantuvo una paz social superficial. Mientras los beneficios se repartieran entre los que tenían las armas o el dinero (fueran españoles o marroquíes), se evitaba el conflicto abierto en las calles.

IV La élite social compuesta por altos funcionarios, militares, clero y empresarios establecieran un marco de actuación al margen del Derecho y la moral que ellos mismos imponían en España en nombre del nacionalcatolicismo. La corrupción se generalizó mediante la gestión patrimonialista de los recursos públicos, en especial debido a la desviación de partidas presupuestarias destinadas a logística militar y obras públicas hacia redes de clientelismo económico, lo que permitió el rápido enriquecimiento ilícito de la oficialidad y la burguesía colonial. La distancia geográfica y la soberanía difusa del Protectorado favorecieron un entorno de vicio y degradación. Las élites eludían las restricciones morales y legales de la península, normalizando actividades como el juego clandestino, el tráfico de influencias y otras prácticas sociales que en España habrían sido objeto de sanción penal o social. La independencia de Marruecos en 1956 no supuso un desmantelamiento de las redes de poder e intereses forjadas durante el Protectorado, sino que estas mutaron para adaptarse al nuevo escenario poscolonial. El carácter de "virreinato"del Protectorado se transformó en una red de influencias transnacionales que operó de facto durante décadas. Altos mandos y empresarios que habían lucrado con el estraperlo y las concesiones mineras mantuvieron vínculos con la nueva administración marroquí y con empresas pantalla en España. Una de sus prácticas más repugnantes fue el robo de neonatos y menores, en la mayoría de los casos organizadas. Las víctimas fueron tanto los funcionarios leales a la República que habían sido ejecutados o encarcelados como los pobres de solemnidad cuya precariedad económica aumentaba su vulnerabilidad. Los recién nacidos eran entregados a familias de la oligarquía colonial, oficiales afectos al régimen o familias de la península con conexiones en el Protectorado que no podían tener descendencia. Esta práctica no era un hecho aislado, sino un actividad que se llevaba a cabo a través de redes institucionales controladas por miembros del clero y personal sanitario cuyos nombres estuvo en la mente de todos hasta su muerte, pero cuya responsabilidad no pudieron desmostrar documentalmente. Actuaban bajo el amparo de una autoridad, cuya arbitrariedad permitía falsificar certificados de defunción o partidas de nacimiento con total impunidad. A día de hoy somos muchos los descendientes de aquellas víctimas que recordamos sus relatos e incluso algunos han logrado recopilar información. Pero los archivos estaban bajo control militar absoluto y tanto los registros como los juzgados bajo el mando directo de los mismos que perpetraban los abusos. Las instituciones religiosas y el personal sanitario que habían operado bajo el régimen de impunidad del Protectorado continuaron en sus puestos o mantuvieron sus conexiones tras 1956. La facilidad para alterar registros de nacimiento en las clínicas de las plazas de soberanía y en las zonas de influencia del antiguo Protectorado permitió que el tráfico de niños hacia la península siguiera activo durante el franquismo tardío e incluso bien entrada la democracia, utilizando las rutas de influencia establecidas durante la etapa colonial. La independencia de 1956 fue una ruptura formal, pero no estructural. Las redes de vicio, corrupción y tráfico de menores sobrevivieron gracias a una simbiosis de intereses entre las antiguas élites coloniales y sectores de la nueva administración, consolidando una zona de sombra legal y moral que se extendió mucho más allá del final del Protectorado. Aquel virreinato de impunidad dejó una herencia de prácticas mafiosas que se integraron silenciosamente en el posterior Estado español. En las últimas décadas, decenas de personas nacidas en el norte de Marruecos en los años 50 y 60 han descubierto, mediante pruebas de ADN, que no tienen relación biológica con sus padres legales españoles. Al cruzar los datos, muchos de estos casos coinciden en el tiempo y el espacio con la actividad de una red controlada por dos conocidos personajes, de cuya crueldad puedo dar constancia.